California · acceso lingüístico

¿Hay que traducir la boleta?

No. La ley de California no obliga a una asociación de propietarios a entregar materiales electorales en ningún idioma que no sea el inglés, y un artículo lo dice con todas las letras. Las asociaciones con muchos miembros hispanohablantes traducen igualmente — y la razón es el quórum, no el cumplimiento legal.

La disposición que lo zanja

En 2015 el legislador añadió el idioma principal a la lista de características protegidas por la Unruh Civil Rights Act — y en el mismo proyecto de ley añadió esto:

Nothing in this section shall be construed to require the provision of services or documents in a language other than English, beyond that which is otherwise required by other provisions of federal, state, or local law, including Section 1632.

Civil Code § 51(h), añadido por SB 600 (Stats. 2015, Ch. 282) — en vigor desde el 1 de enero de 2016

En traducción libre: nada en este artículo obliga a prestar servicios ni a entregar documentos en otro idioma que el inglés, más allá de lo que exija otra norma federal, estatal o local. Es decir: la protección y la salvedad llegaron juntas. Discriminar a alguien por su idioma principal es ilícito; no traducirle los documentos no es, por sí solo, esa discriminación. Esto importa para las asociaciones porque una asociación de propietarios es un business establishment a efectos de Unruh — resuelto desde O'Connor v. Village Green Owners Assn. (1983) 33 Cal.3d 790 — de modo que las asociaciones están de lleno dentro del artículo que contiene esa salvedad.

Davis-Stirling calla, y el silencio es elocuente

En todo el Davis-Stirling Act — Civil Code §§ 4000–6150, 234 artículos — las palabras translation, Spanish, bilingual e English no aparecen ni una vez. La palabra language aparece una sola vez, en el § 5965, y ahí significa redacción.

Ese silencio dice más de lo que parece, porque el Act no es nada reticente con la presentación. El § 5105 especifica que cierta frase de la boleta vaya en un cuerpo no menor de 12 puntos; el § 5660 exige un aviso previo al gravamen en 14 puntos en negrita. Un legislador que regula el cuerpo tipográfico de una boleta y no dice nada de su idioma no se ha olvidado de la cuestión.

Por qué el § 1632 no le alcanza

La California Translation Act exige una copia traducida de ciertos contratos negociados principalmente en español, chino, tagalo, vietnamita o coreano. Es la disposición a la que todo el mundo acude, y no se aplica aquí por tres razones independientes.

• El disparador es transaccional, no demográfico. Se activa cuando la negociación se condujo principalmente en uno de esos idiomas — no cuando cierto porcentaje de los miembros lo habla.
• La lista de contratos cubiertos es cerrada, y nada en ella se parece a unos CC&Rs, unos estatutos, unas reglas electorales, una boleta o un aviso de reunión. El miembro no negocia un contrato con la asociación; las obligaciones corren con la finca.
• El propio Act excluye las reglas de esta clase. El § 1632(g)(3) dispone que lo que se incorpora habitualmente por referencia — incluidas las reglas y reglamentos que rigen un arrendamiento — no forma parte del «contrato» que debe traducirse. Las reglas operativas son documentos del mismo tipo.

El caso más cercano apunta en la misma dirección. En Alfaro v. Community Housing Improvement System & Planning Assn. (2009) 171 Cal.App.4th 1356, unos compradores que habían tratado con un promotor íntegramente en español impugnaron una restricción inscrita que solo existía en inglés. El tribunal sostuvo que el § 1632 cubre varias clases de documento negociado principalmente en español — sin incluir las escrituras de transmisión. Una restricción inscrita sobre el uso del suelo es el pariente más próximo que tienen los CC&Rs.

¿Y la Bilingual Services Act?

El Government Code § 7290 y siguientes exigen que las agencias estatales que atienden a un número sustancial de personas que no hablan inglés — un cinco por ciento o más — empleen personal bilingüe y traduzcan materiales. El deber recae sobre las agencias estatales tal como las define el Government Code § 11000. Una asociación de propietarios es una corporación privada sin ánimo de lucro y no es una de ellas.

El riesgo que no desaparece

Nada de lo anterior hace que una política de solo inglés esté libre de riesgo, y sería deshonesto presentarlo así. La teoría que sobrevive no va del idioma como característica protegida — el § 51(h) cierra esa puerta — sino del efecto.

El Government Code § 12955.8(b) codifica en la propia ley californiana la responsabilidad por efecto discriminatorio: una práctica que, con independencia de la intención, tiene el efecto de discriminar por origen nacional es ilícita salvo que sea necesaria para el funcionamiento del negocio. El artículo manda al tribunal considerar si existen alternativas factibles que cumplan el mismo propósito igual de bien o mejor con menos efecto discriminatorio.

Dos matices honestos. No hemos encontrado ninguna sentencia publicada, ni ninguna resolución publicada del Civil Rights Department, que aplique esta teoría a una asociación por motivo de idioma — lo que significa que la teoría está viva pero no está probada. Y las resoluciones administrativas sobre denuncias no se indexan públicamente, de modo que la ausencia de decisiones publicadas no prueba la ausencia de conflictos.

El argumento que de verdad convence a una junta

No es la demanda. Es el quórum.

En California, 10,75 millones de personas hablan español en casa, y unos 4,2 millones de ellas declaran hablar inglés menos que muy bien. Más útil todavía para una asociación: 625.712 hogares hispanohablantes del estado no tienen ningún miembro mayor de 14 años que hable inglés muy bien. En el condado de Los Ángeles eso es el 12,5 por ciento de todos los hogares; en el condado de Imperial, el 23,5 por ciento.

Una asociación cuyos documentos rectores fijan un umbral de aprobación alto, y cuyas boletas llegan en un idioma que una décima parte de sus hogares no puede leer, no solo ha sido descortés. Ha reducido la bolsa de respuestas que necesita para alcanzar el quórum — y no alcanzar el quórum es la manera más común en que fracasan las elecciones de las asociaciones de California. Véase el § 5115.

La propia patronal del sector lo plantea igual: cuando una comunidad tiene una proporción significativa de miembros que no hablan inglés, ayudarles a participar tiene sentido sobre todo cuando hay que alcanzar un umbral alto de aprobación de los miembros.

Cómo hacerlo sin crear un problema nuevo

Esta es la parte que se salta todo el mundo, y es la que importa. La guía de HUD identificaba traducir documentos de forma inexacta como un indicio de discriminación en sí mismo. Una mala traducción es peor que ninguna: crea confianza, y crea un documento que la asociación no puede sostener.

1. La boleta en inglés sigue siendo la boleta de registro. La traducción va al lado, nunca en su lugar. Esto responde a la vez a la postura profesional de que los expedientes de la asociación se llevan en inglés y al riesgo de que un error de traducción se convierta en el texto operativo.
2. Marque la traducción como cortesía, no como versión oficial, y diga qué versión rige si divergen.
3. Traduzca la boleta y el aviso, no la ley. La ley está escrita en inglés; una versión española de un artículo californiano no es la ley y no debe presentarse como tal.
4. No traduzca a máquina y publique sin revisar. Un botón de traducción en una página de marketing es una cosa; una boleta es otra.
5. Decídalo una vez, en las reglas electorales. Adoptar la práctica por la vía de las reglas del § 5105 la hace consistente, documentada y defendible — en vez de un favor que hizo una junta y retiró la siguiente. El § 5310(a)(12) permite además que la declaración anual de políticas lleve cualquier información que la junta considere oportuna, que es un sitio natural para decir qué ofrece la asociación.

Qué ofrece hoy el mercado

Casi nada. De dieciséis proveedores electorales y firmas de inspección de California revisados, uno anuncia boletas traducidas. Ningún despacho californiano especializado en HOA publica orientación sobre traducir materiales electorales; la obra de referencia profesional líder no tiene una página sobre el asunto en un índice de 232 entradas. Ni las asociaciones sectoriales ni las grandes empresas administradoras publican una plantilla bilingüe de boleta o de aviso.

Lo que el sector recomienda en su lugar es un botón de traducción automática y voluntarios bilingües — es decir, los dos métodos con más probabilidades de producir exactamente la traducción inexacta contra la que advertía la guía federal.

Relacionado

• § 5105 — las reglas electorales, donde mejor se zanja la práctica.
• § 5115 — el quórum, que es el argumento de verdad.
• Sus derechos en una elección — lo que el propietario necesita saber.